¿Está jugando limpio el Gobierno con la privatización de Loterías y Apuestas del Estado (LAE)? Muchos son los interrogantes que se ciernen sobre este golpe de mano en un ente público que, hoy por hoy, es rentable. ¿Quién será el beneficiado de esta mala venta? Se admiten apuestas.
El Gobierno anunció la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado. El motivo, según confesó la ministra de Economía, Elena Salgado, a un medio extranjero, era "hacer caja". Sin embargo, los números no cuadran: El Ejecutivo anunció que con ese 30% preveía ingresar unos 5.000 millones de euros, cuando la entidad permite ingresar a las arcas públicas casi 3.000 millones de euros al año. El PP, que se opone a esta venta "de saldo", cifra en 20.000 millones la operación para que fuera rentable.
Con la privatización, el Tesoro Publico pierde 2.175 millones de euros al año
Ante la privatización, los loteros han lanzado la web www.salvemoseljuegopublico.com para defender la titularidad pública de esta medida. En ella, preguntan al Gobierno por los motivos de vender los juegos del Estado más eficientes de toda Europa, el más rentable para el Tesoro (2.900 millones de euros netos en 2008) y el que más empleo directo genera.
Salvemoseljuegopublico denuncia que sustituir el “antiguo” sistema público, por los “modernos” sistemas privados, "nos haría ir perdiendo productividad hasta dividir por 4 los ingresos que actualmente percibe el Tesoro. Esto significa que el Tesoro Público perdería 2.175 millones de euros, de los 2.900 que ingresa en la actualidad. Lógicamente esos 2.175 millones que irá perdiendo el Tesoro Público (para intentar entrar en los bolsillos de grandes compañías privadas) tendrá que recuperarlos el Estado. ¿Cómo? incrementando los impuestos que pagamos de nuestro bolsillo los ciudadan@s".
El presidente de la nueva SELAE, Aurelio Martínez, estuvo al frente del ICO
Desde que se anunciara la jugada, muchas cosas están cambiando a gran velocidad en el terreno de juego. Para empezar, la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado (LAE) se ha transformado en una sociedad anónima llamada Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que nace con un capital social de 12.500 millones de euros y está presidida por Aurelio Martínez, que anteriormente fue presidente de la empresa pública Navantia y, hasta julio de 2009, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
¿Loterías en Bolsa?
Esta nueva sociedad ya necee con mal pie. Por error, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) inscribió a la compañía con un capital de 2.520 millones. El anterior director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández, consideraba que lo más factible era que esta operación se llevara a cabo mediante una salida a Bolsa, después del verano, de una participación del 30% dirigida a inversores privados. La nueva sociedad se integrará en la Dirección General del Patrimonio del Estado, un organismo que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Estará enmarcada en las empresas de prestación de servicios al Grupo Patrimonio, donde también figuran otras sociedades como Correos o Paradores de Turismo. Desde el Gobierno se ha vendido esta transformación como un proceso de modernización para operar de manera más competitiva en el nuevo horizonte del juego, marcado por la irrupción de Internet. En cuanto se apruebe la nueva ley del Juego, la Administración central pretende que la nueva sociedad se convierta en uno de los principales operadores del juego on-line, debido a su elevado conocimiento entre los potenciales consumidores.
Secretismo y aplazamientos en el Proyecto de Ley de Regulacion del Juego
Paralelamente, en el Congreso se tramita el proyecto de Ley de Regulación del Juego que establece nuevas reglas para el sector del juego y las apuestas 'online'. Un proceso que se desarrolla con gran secretismo por parte de sus señorías, a puertas cerradas y con numerosos aplazamientos. Entretanto, todas las partes interesadas hacen sus apuestas.
El PP ha presentado más de 67 enmiendas al proyecto. Entre ellas, rectificar la decisión de privatizar el 30% de Loterías y Apuestas del Estado. "El Grupo Parlamentario Popular se opone a la venta de LAE para hacer caja".
Como enmiendas curiosas del PP, figuran destinar a favor de fundaciones u ONG's que tengan relación con el juego o el deporte, así como a aquellas dedicadas a la prevención y tratamiento de la ludopatía el importe de los premios no satisfechos a los particulares, cuando no fuera solicitado su cobro. Y establecer beneficios fiscales para el ejercicio del juego de operadores radicados en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas donde gobierna el PP.
Una de las propuestas de los grupos parlamentarios es la reducción de impuestos al juego, con la finalidad de configurar un mercado atractivo para los operadores de juego extranjeros y nacionales. Por ejemplo, PNV propone reducir el tipo impositivo a un 10% y CIU propone hacerlo sobre un 20%. El PP pide la homogeneización fiscal del juego por parte de las CCAA. Algunos partidos políticos, además de algunas empresas del juego, han planteado limitar los privilegios de LAE y ONCE.
El gol de Bwin, patrocinador del Real Madrid, que opera desde Gibraltar
Otro de los aspectos destacados, aunque en un segundo plano, ha sido la implicación de los operadores del juego ‘online’ con el deporte. AEDAPI (Asocación) pide una legislación positiva en este campo, dado que el sector realiza importantes inversiones en patrocinios deportivos y en publicidad directamente relacionada con el deporte. La casa de apuestas online Bwin, sin ir más lejos, patrocina al Real Madrid.
Codere, como jugador de este sector, tiene algo que decir: Ha demandado a Bwin por competencia desleal y publicidad ilegal. Codere acusa a Bwin de operar con total impunidad desde el paraíso fiscal de Gibraltar y sin licencia, con lo que no contribuye a la Hacienda pública y no genera ningún tipo de riqueza ni empleo. Por supuesto, la protección de menores y de ludópatas no va con ellos.
Este operador se ha quejado en público de que el proyecto de ley parece respaldar a estos operadores ilegales, que han desarrollado una actividad tipificada como delito de contrabando y que van a poder operar con el fondo de comercio y clientela creados durante el periodo de ilegalidad. Además, considera inaceptable la disposición transitoria octava, que permite mantener contratos de patrocinio por parte de operadores sin licencia para ello, es decir, ilegales.
Según las cifras que maneja Codere, la industria del juego en España supera el 1% del PIB, emplea directa e indirectamente a más de 100.000 trabajadores, aporta más de 5.000 millones de euros a las distintas administraciones públicas vía impuestos y gestiona más de 30.000 millones de euros al año.
El tratamiento fiscal de los beneficios cambiaría por decisión del Gobierno
Los premios obtenidos de los sorteos Loterías y Apuestas del Estado (LAE) están libres de del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si uno resulta agraciado con el Gordo de Navidad, podrá disfrutar del importe íntegro del premio.
¿Qué pasa ahora, con la privatización parcial de LAE? Según el ex director general, Gonzalo Fernández la privatización parcial no modificará la exención en el IRPF para los premiados en cualquiera de los juegos de Loterías del Estado: “Si se produjera una variación del tratamiento fiscal de los premios sería por una decisión del Gobierno pero nunca por el hecho de que se produzca una transformación jurídica de la sociedad”.
Por otra parte, los 3.000 millones de euros de beneficios que obtiene LAE al año, tampoco tributan por el impuesto sobre sociedades. Esta situación cambia con la reforma de la estructura jurídica de LAE y su conversión en una sociedad mercantil. Entonces deberá aplicar un gravamen nominal del 30% sobre sus beneficios.
El Gobierno anunció la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado. El motivo, según confesó la ministra de Economía, Elena Salgado, a un medio extranjero, era "hacer caja". Sin embargo, los números no cuadran: El Ejecutivo anunció que con ese 30% preveía ingresar unos 5.000 millones de euros, cuando la entidad permite ingresar a las arcas públicas casi 3.000 millones de euros al año. El PP, que se opone a esta venta "de saldo", cifra en 20.000 millones la operación para que fuera rentable.
Con la privatización, el Tesoro Publico pierde 2.175 millones de euros al año
Ante la privatización, los loteros han lanzado la web www.salvemoseljuegopublico.com para defender la titularidad pública de esta medida. En ella, preguntan al Gobierno por los motivos de vender los juegos del Estado más eficientes de toda Europa, el más rentable para el Tesoro (2.900 millones de euros netos en 2008) y el que más empleo directo genera.
Salvemoseljuegopublico denuncia que sustituir el “antiguo” sistema público, por los “modernos” sistemas privados, "nos haría ir perdiendo productividad hasta dividir por 4 los ingresos que actualmente percibe el Tesoro. Esto significa que el Tesoro Público perdería 2.175 millones de euros, de los 2.900 que ingresa en la actualidad. Lógicamente esos 2.175 millones que irá perdiendo el Tesoro Público (para intentar entrar en los bolsillos de grandes compañías privadas) tendrá que recuperarlos el Estado. ¿Cómo? incrementando los impuestos que pagamos de nuestro bolsillo los ciudadan@s".
El presidente de la nueva SELAE, Aurelio Martínez, estuvo al frente del ICO
Desde que se anunciara la jugada, muchas cosas están cambiando a gran velocidad en el terreno de juego. Para empezar, la entidad pública Loterías y Apuestas del Estado (LAE) se ha transformado en una sociedad anónima llamada Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que nace con un capital social de 12.500 millones de euros y está presidida por Aurelio Martínez, que anteriormente fue presidente de la empresa pública Navantia y, hasta julio de 2009, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
¿Loterías en Bolsa?
Esta nueva sociedad ya necee con mal pie. Por error, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) inscribió a la compañía con un capital de 2.520 millones. El anterior director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández, consideraba que lo más factible era que esta operación se llevara a cabo mediante una salida a Bolsa, después del verano, de una participación del 30% dirigida a inversores privados. La nueva sociedad se integrará en la Dirección General del Patrimonio del Estado, un organismo que depende del Ministerio de Economía y Hacienda. Estará enmarcada en las empresas de prestación de servicios al Grupo Patrimonio, donde también figuran otras sociedades como Correos o Paradores de Turismo. Desde el Gobierno se ha vendido esta transformación como un proceso de modernización para operar de manera más competitiva en el nuevo horizonte del juego, marcado por la irrupción de Internet. En cuanto se apruebe la nueva ley del Juego, la Administración central pretende que la nueva sociedad se convierta en uno de los principales operadores del juego on-line, debido a su elevado conocimiento entre los potenciales consumidores.
Secretismo y aplazamientos en el Proyecto de Ley de Regulacion del Juego
Paralelamente, en el Congreso se tramita el proyecto de Ley de Regulación del Juego que establece nuevas reglas para el sector del juego y las apuestas 'online'. Un proceso que se desarrolla con gran secretismo por parte de sus señorías, a puertas cerradas y con numerosos aplazamientos. Entretanto, todas las partes interesadas hacen sus apuestas.
El PP ha presentado más de 67 enmiendas al proyecto. Entre ellas, rectificar la decisión de privatizar el 30% de Loterías y Apuestas del Estado. "El Grupo Parlamentario Popular se opone a la venta de LAE para hacer caja".
Como enmiendas curiosas del PP, figuran destinar a favor de fundaciones u ONG's que tengan relación con el juego o el deporte, así como a aquellas dedicadas a la prevención y tratamiento de la ludopatía el importe de los premios no satisfechos a los particulares, cuando no fuera solicitado su cobro. Y establecer beneficios fiscales para el ejercicio del juego de operadores radicados en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas donde gobierna el PP.
Una de las propuestas de los grupos parlamentarios es la reducción de impuestos al juego, con la finalidad de configurar un mercado atractivo para los operadores de juego extranjeros y nacionales. Por ejemplo, PNV propone reducir el tipo impositivo a un 10% y CIU propone hacerlo sobre un 20%. El PP pide la homogeneización fiscal del juego por parte de las CCAA. Algunos partidos políticos, además de algunas empresas del juego, han planteado limitar los privilegios de LAE y ONCE.
El gol de Bwin, patrocinador del Real Madrid, que opera desde Gibraltar
Otro de los aspectos destacados, aunque en un segundo plano, ha sido la implicación de los operadores del juego ‘online’ con el deporte. AEDAPI (Asocación) pide una legislación positiva en este campo, dado que el sector realiza importantes inversiones en patrocinios deportivos y en publicidad directamente relacionada con el deporte. La casa de apuestas online Bwin, sin ir más lejos, patrocina al Real Madrid.
Codere, como jugador de este sector, tiene algo que decir: Ha demandado a Bwin por competencia desleal y publicidad ilegal. Codere acusa a Bwin de operar con total impunidad desde el paraíso fiscal de Gibraltar y sin licencia, con lo que no contribuye a la Hacienda pública y no genera ningún tipo de riqueza ni empleo. Por supuesto, la protección de menores y de ludópatas no va con ellos.
Este operador se ha quejado en público de que el proyecto de ley parece respaldar a estos operadores ilegales, que han desarrollado una actividad tipificada como delito de contrabando y que van a poder operar con el fondo de comercio y clientela creados durante el periodo de ilegalidad. Además, considera inaceptable la disposición transitoria octava, que permite mantener contratos de patrocinio por parte de operadores sin licencia para ello, es decir, ilegales.
Según las cifras que maneja Codere, la industria del juego en España supera el 1% del PIB, emplea directa e indirectamente a más de 100.000 trabajadores, aporta más de 5.000 millones de euros a las distintas administraciones públicas vía impuestos y gestiona más de 30.000 millones de euros al año.
El tratamiento fiscal de los beneficios cambiaría por decisión del Gobierno
Los premios obtenidos de los sorteos Loterías y Apuestas del Estado (LAE) están libres de del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Si uno resulta agraciado con el Gordo de Navidad, podrá disfrutar del importe íntegro del premio.
¿Qué pasa ahora, con la privatización parcial de LAE? Según el ex director general, Gonzalo Fernández la privatización parcial no modificará la exención en el IRPF para los premiados en cualquiera de los juegos de Loterías del Estado: “Si se produjera una variación del tratamiento fiscal de los premios sería por una decisión del Gobierno pero nunca por el hecho de que se produzca una transformación jurídica de la sociedad”.
Por otra parte, los 3.000 millones de euros de beneficios que obtiene LAE al año, tampoco tributan por el impuesto sobre sociedades. Esta situación cambia con la reforma de la estructura jurídica de LAE y su conversión en una sociedad mercantil. Entonces deberá aplicar un gravamen nominal del 30% sobre sus beneficios.
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