viernes, 3 de abril de 2015

Eric Toussaint: "La misión de la Comisión es identificar las deudas ilegítimas, ilegales, insostenibles u odiosas"


"Para mí, en un país como España, si no hay solución al tema de la deuda pública ilegal e ilegítima y a la deuda hipotecaria, hay poca posibilidad de cambios reales en el país", ha afirmado Eric Toussaint, coordinador científico de la Comisión de Auditoría de la deuda griega que anunció el pasado 17 de marzo la presidenta del Parlamento griego, Zoé Konstantopoulou. En una entrevista a través de Skype concedida a Diagonal desde el Foro Social Mundial de Túnez, Toussaint defendió las ventajas de identificar las deudas ilegítimas, ilegales, insostenibles y odiosas no sólo en Grecia, sino en otros países europeos, como el español.
Una de las primeras consecuencias tras el anuncio de la Auditoría griega fue el desembolso de 2.000 millones de euros por parte de Bruselas para aliviar la crisis humanitaria que padece el país heleno. "Hay pruebas claras de que auditando la deuda a través de un proceso participativo y tomando medidas soberanas fuertes como Gobierno se puede realmente vencer a los acreedores", sostiene.
La griega es la primera auditoría impulsada desde un Gobierno europeo. Es un hecho histórico. ¿Qué implicaciones y consecuencias puede tener?
Es difícil pronosticar lo que puede ocurrir. La misión de la Comisión es en sí muy ambiciosa: identificar las deudas ilegítimas, ilegales, insostenibles u odiosas, sacar conclusiones respecto a esa identificación y comunicar esas conclusiones a las autoridades griegas competentes.
Hay al menos dos poderes que tienen capacidad de toma de decisión: el primero es el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que puede tomar la decisión de suspensión del pago y hasta de repudio, pero claro, el Gobierno también puede considerar que el resultado de la Auditoría va primero a servir en una negociación con sus acreedores, y si la negociación no desemboca en un acuerdo, radicalizar su posición y suspender el pago. Esto pertenece totalmente al ámbito del Gobierno y claramente no al ámbito de la Comisión de Auditoría.
"La prioridad del Gobierno es en términos de negociación inmediata, y es lo que está haciendo desde los primeros días de febrero"
El segundo poder que puede tomar una decisión es el Poder Judicial. Si identificamos responsables de actos ilegales que van contra la Constitución del país y las leyes del país, es decir, actores griegos, sean personas físicas o personas morales o instituciones y personas físicas extranjeras, la Justicia de Grecia puede tomar la iniciativa de investigar y enjuiciar.
Esos son los dos poderes que pueden realmente tomar decisiones fuertes sobre la deuda, pero también el Parlamento podría, sobre la base del trabajo, adoptar leyes. Hasta ahora no hay iniciativa en este sentido. Pero si hubiera una iniciativa de tipo constituyente, los trabajos de la Comisión de Auditoría, sus conclusiones, pueden ser útiles en la elaboración de la nueva Constitución en relación al tema de la deuda pública, como ocurrió en Ecuador. En la Constitución ecuatoriana se incluyeron artículos que tomaban en cuenta los trabajos de la Comisión de Auditoría, por ejemplo: la prohibición de la socialización de pérdidas privadas, es decir, la transformación de deudas privadas en deuda pública.
En el proceso de Auditoría, desde el punto de vista de la presidenta del parlamento griego [Zoé Constandopulu] y desde el mío propio como coordinador científico, el tema de la participación ciudadana es fundamental. Es fundamental hacer el proceso de auditoría lo más transparente y participativo posible. Se está pensando en un sitio de internet donde se puedan incluir testimonios, sugerencias, audiencia con la ciudadanía, etc. Todavía no hay nada definido, pero es una voluntad obvia de la presidenta del parlamento griego. Sobre la base de las conclusiones, puede haber también una intervención popular si hay movilizaciones populares respecto al tema de la deuda, lo que está dentro de los escenarios posibles.
¿Qué tipo de web será?
Nada está definido. Solamente hemos tenido conversaciones. Lo que está definido es que habrá una participación ciudadana, la forma no está definida. Tiene que reunirse la Comisión a partir del 3 de abril.
¿Se plantea el Gobierno griego una nueva Constitución?
Hasta ahora no forma parte de las propuestas del Gobierno pero hay personas, ministros, diputados, que sí lo proponen. El Gobierno como tal no lo propone hasta ahora y no forma parte del programa de Tesalónica de Syriza, pero nada puede ser descartado, es un proceso vivo y no sabemos lo que va a ocurrir en los meses que vienen.
¿La Comisión de Auditoría de la Deuda Pública Griega puede ser vinculante?
No es vinculante. No tiene ese poder. Vamos a llegar a conclusiones, pero no son vinculantes.
¿Apoya Tsipras la iniciativa? ¿Hay distintas posturas con respecto a la deuda y su auditoría en el seno de Syriza y el Gobierno griego?
La presidenta del Parlamento está en contacto permanente, por supuesto, con el primer ministro y sí hay apoyo, pero claro que hay posiciones distintas hasta ahora y que la prioridad del Gobierno es en términos de negociación inmediata, y es lo que está haciendo desde los primeros días de febrero. Es evidente, por una parte, que la Auditoría y la necesidad de una reducción radical de la deuda son dos elementos del programa del Gobierno de Syriza, conocido como el programa de Tesalónica de septiembre de 2014, la campaña electoral se hizo sobre la base de este programa. Por otra parte, la prioridad del Gobierno y su ministro de finanzas es negociar con la Unión Europea una prolongación del programa actual teniendo un margen de maniobra para implementar las medidas enfrentando la crisis humanitaria. El tema de la deuda está casi entre paréntesis, en el momento actual es lo que todos podemos ver con las declaraciones de los acreedores europeos. En el Gobierno de Syriza es claro que hay opiniones diferentes. Al nivel de mi responsabilidad como coordinador científico de la Comisión me resulta complicado avanzar una propuesta sobre lo que hay que hacer. Lo que acepté como tarea es concentrarme en identificar las deudas ilegítimas, ilegales, insostenibles y odiosas.
"Hay declaraciones de acreedores europeos asegurando que no habrá espacio para una reducción de deuda. Si son creíbles o no, no lo sé, pero no son aceptables"

¿Cuál ha sido la reacción de la Troika al anuncio de la Comisión de Auditoría?¿Habéis recibido presiones? ¿Esperáis recibirlas?
No vi ninguna reacción pública, pero seguramente ellos tomarán en cuenta esa iniciativa del Parlamento griego y seguramente lo han conversado el viernes pasado de una manera o de otra en el encuentro que hubo en Bruselas. De la reunión es público que el primer ministro griego habría obtenido un crédito suplementario de 2.000 millones de euros, un desembolso de una línea de crédito que ya estaba prevista y estaba bloqueada como forma de chantaje sobre el Gobierno griego. Está claro que los acreedores mantienen una posición sumamente inflexible y dura frente a las propuestas moderadas del Gobierno de Tsipras y es evidente que el margen de maniobra es muy estrecho. Hay declaraciones muy claras de acreedores europeos asegurando que no habrá espacio para una reducción de deuda. Si son creíbles o no, no lo sé, pero no son aceptables. Grecia necesita una verdadera reducción de la deuda.
¿Qué hay de cierto en las amenazas de corralitos y fugas de capitales cuando los pueblos investigan las deudas o plantean un mínimo de dignidad?
Lo que es cierto es que las declaraciones y la política concreta de los acreedores europeos y de las autoridades europeas –Comisión Europeo, Banco Central Europeo y gobiernos como el alemán, el español, el francés o el holandés, etc– favorecen la fuga de capitales, porque crean un gran estrés e incertidumbres y la fuga en parte está organizada por las grandes empresas transnacionales, el porcentaje más rico, que desplaza los capitales para desestabilizar a los estados. Eso es un chantaje. Es competencia del Gobierno griego cómo reaccionar, si toma medidas para controlar a la banca, para controlar los movimientos de capitales para, garantizando los depósitos, combatir al mismo tiempo la fuga de capitales. Creo que se justifica en ese escenario medidas de un Gobierno legítimo para bloquear la evasión de capitales y estabilizar a la banca.
¿Qué tipo de medidas?
Tomar un control público fuerte sobre la banca, limitar los movimientos de capitales, pero permitiendo a la gente sacar diariamente una cantidad suficiente para actividades normales. Hay que descartar una congelación de las cuentas bancarias, hay que limitar hasta un cierto nivel lo que uno puede sacar de la cuenta bancaria. Eso no se llama corralito, como ocurrió en Argentina en diciembre de 2001.
¿Está el gobierno de Syriza en esa línea de tomar el control de la banca para que no haya fuga de capitales y demás?
Parece que no.
¿Sería posible algo parecido en el Estado español? ¿Cómo valoras las posturas ante la deuda de los partidos políticos españoles (también los emergentes como Podemos) en el actual contexto?
No solamente sería posible. Sería recomendable y es necesario. Y esto no solamente en España, pero en particular porque en España, el tema deuda pública es un tema central. Seguramente habría que añadir en otra Comisión el tema de las deudas hipotecarias privadas. Son dos temas de deuda sumamente importantes en un país como España y necesitan ambos casos una Auditoría con participación ciudadana, porque es evidente que hubo irregularidades, ilegalidades, tanto en el tema de deuda hipotecaria y burbuja inmobiliaria, como en el tema de la explosión de la deuda pública en España en los últimos años. Son fundamentales estas dos cuestiones en España y en general en todos los países europeos.
"Hay que enfrentarse con argumentos a la campaña mediática de culpabilización y de miedo"
Sobre la posición de las fuerzas políticas en España, a nivel europeo tenemos muchas expectativas respecto a una fuerza política nueva como Podemos. Hay muchas expectativas respecto al apoyo de Podemos a la Auditoría Ciudadana y a la participación ciudadana en la Auditoría y lo que creo que habría que definir mejor es cuáles son los objetivos como partido político respecto a la deuda identificada como ilegal, ilegítima, insostenible u odiosa. Estamos esperando una definición clara de Podemos al respecto.
Creo que IU también apoya la idea de Auditoría Ciudadana, escuché varias declaraciones de diputados o dirigentes de IU en este sentido, me refiero, por ejemplo, a Alberto Garzón, pero también a otros y a tomar en cuenta la Auditoría con participación ciudadana para obtener una reducción de la deuda. Imagino que habría una posibilidad de acuerdo entre Podemos e IU sobre ese tema.
Las demás fuerzas políticas, por lo que conozco, es claro que a nivel nacional, PP y PSOE son responsables del endeudamiento ilegítimo, ilegal, insostenible y odioso. Ellos no son parte de la solución, son parte del problema. A nivel autonomías, creo que hay fuerzas en País Vasco, Catalunya o Galiza como Bildu, ERC, CUP y otras fuerzas o procesos en las municipalidades como el de Barcelona, en los que el tema de la Auditoría de la Deuda creo que está parcialmente integrado en sus propuestas. Seguramente hay que fortalecer los compromisos de estas fuerzas respecto a la deuda pública ilegítima e ilegal y la deuda hipotecaria ilegítima también. Repito: para mí, en un país como España, tiene que ser parte de las prioridades de un programa político y social de cambio. Si no hay solución a la deuda pública ilegal e ilegítima y a la deuda hipotecaria, hay poca posibilidad de cambios reales en el país.
¿Cuáles son los beneficios de auditar la deuda para países como Grecia o el Estado español?
No hay que tener ningún miedo. Ahora solamente hay ventajas para el combate democrático y de justicia social haciendo la Auditoría. Hay que enfrentarse con argumentos a la campaña mediática de culpabilización y de miedo y es un error dar pasos atrás haciendo concesiones a esa campaña de intimidación. Hay pruebas claras de que auditando la deuda a través de un proceso participativo y tomando medidas soberanas fuertes como Gobierno se puede realmente vencer a los acreedores. Lo demostraron países como Ecuador o Islandia. Estamos a la espera de que países del continente europeo lo hagan en los meses y años que vienen y den más ejemplos de victoria en ese sentido.

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La finca España se vende barata en internet



Castillos, antiguos hospitales y casas cuarteles de la Guardia Civil, edificios históricos, pisos de lujo y solares, entre otros inmuebles, han sido puestos a la venta por las adminis­tra­ciones públicas españolas. No ­sólo el Estado, sino también las administraciones regionales se han sumado a la fiesta, vendiendo incluso las propias oficinas desde las que se realizan las privatizaciones. El patrimonio inmobiliario público incluso se ofrece al mejor postor en internet.
Los ingresos por ventas del Plan de Gestión de la Propiedad ascienden a 153 millones de euros, según expone (en inglés) el Informe Anual CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas). La Comisión CORA, impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, persigue presuntamente mejorar la eficiencia de las instituciones. En ella se jacta de adelgazar al máximo el sector público, por ejemplo, destruyendo 424.800 empleos públicos desde el tercer trimestre de 2011. El propio informe añade que “la mayor desinversión está prevista en los ministerios de Defensa y Fomento”. Hasta ahí llega la transparencia del Go­bier­no. Quien quiera conocer en detalle las operaciones inmobiliarias de las adminis­traciones públicas (qué se ha vendido, a quién, por cuánto, etc.) tendrá que bucear en la red.
En efecto, el Ministerio de De­fen­sa, que dirige el exempresario armamentístico Pedro Morenés ha desplegado un sorprendente movimiento inmobiliario, tanto por número de inmuebles como por actividad. Re­cien­temente vendió el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería, con una superficie de más de 14.000 m2, en la calle Raimundo Fernández Villaverde número 50 de Madrid, por 111 millones de euros a la gestora de viviendas DOMO, que ya está ofertando 355 viviendas y locales comerciales en esa parcela.

“Utilización eficiente”

En junio de 2013, en el marco de la venta de inmuebles del Estado, se puso en marcha la Propuesta de Raciona­li­zación y Utilización Efi­cien­te del Patrimonio Inmobiliario del Minis­terio de Defensa, que permitió la liberalización de 3,8 millones de metros cuadrados. La venta de inmuebles de De­fen­sa se realiza a través del Instituto de Vivienda, Infraestruc­tura y Equi­pamiento de la Defensa. Este organismo tiene entre sus misiones la obtención de ingresos procedentes de enajenar inmuebles desafectados del ministerio, así como viviendas militares, pero también locales, fincas, etc., para dedicarlos, entre otros, a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas. Este ente tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar. Tanto la operación de subasta del solar de Rai­mundo Fer­nández Villa­verde como muchas otras se rea­lizan a través del portal inmobiliario Ad­d­meet.com. Ya en diciembre de 2013, Defensa logró 14 millones de euros con la venta de dos solares en Ibiza y Sevilla. En el sevillano se ubicaba el Cuartel de la Inten­dencia de La Oliva, 47.000 m2, que fue vendido a través de subasta por Addmeet a Inmobiliaria del Sur. El terreno ibicenco se vendió al empresario italiano Giuseppe Cipriani, según fuentes inmobiliarias citadas por Expansión. Pero el gran pelotazo de Defensa puede venir de la mano del magnate chino Wang Jianlin, dueño del conglomerado Dalian Wanda Group, quien mantiene negociaciones para implantar un megacasino similar al fallido Eurove­gas de Sheldon Adel­son en los terrenos militares de Campamento (Madrid) y recientemente ha entrado en el accionariado del club Atlético de Madrid.
No sólo Defensa hace uso de las subastas online de Admeet. Tam­bién el Ministerio de Interior oferta por 9,5 millones de euros el Castillo de Maqueda de Toledo. Más conocido como el Castillo de la Vela, es una antigua sede de la Guardia Civil. La subasta ha quedado desierta. Y el Ministerio de Empleo de Fátima Bá­ñez ofrece el antiguo Hospital de San Jorge en Zaragoza por 2,4 millones de euros, aunque la puja también ha quedado desierta. Sucede que sobre esta subasta la CNT de Zaragoza ha presentado una petición de suspensión cautelar, ya que el antiguo hospital, cuya fachada está protegida, pertenece al Patrimo­nio Sindical Acumulado, con lo que CNT considera que Empleo no debería enajenarlo, sino cederlo a los sindicatos, informa El Heraldo de Aragón.
Por su parte, el Ministerio de Ha­cienda y Administraciones Públi­cas ofreció al mejor postor pisos de lujo en desuso en el centro de Madrid y plazas de garaje por 20 millones de euros. La encargada en este caso de llevar a cabo el proceso de enajenación de activos fue la Sociedad Es­tatal de Gestión Inmo­biliaria de Pa­trimonio, a la que El Confidencial presuntamente ha vinculado con “el pequeño Nicolás” a través de Edhinor.

Madrid hace caja

Tam­bién las administraciones regionales se han sumado a la especulación con inmuebles públicos. Un caso es el de la Junta de Andalucía, pero no le va a la zaga la Comu­nidad de Madrid. En los últimos años ha vendido los edificios de Gran Vía, 18 y 3 por más de 26 millones de euros, y Plaza Chamberí, 8 por 40, así como un inmueble de 728 m2 en Atocha por algo más de un millón de euros, y edificios de oficinas en la calle Miguel Ángel, 28 y en la Plaza de San Martín, 4 por unos 3,5 millones de euros cada uno. Por el edificio del Registro de la Conse­jería de Edu­cación, Juventud y Deporte, en Gran Vía, 20, ha amasado 20 millones de euros. Y otros 35 millones por dos edificios, uno en Embaja­dores, 181 y otro en Vía Lusitana. Se le está resistiendo a Ignacio Gonzá­lez el edificio prote­gido del año 1880 y sito en Al­calá 1. El vídeo-anuncio de internet informa de que está cerca del futuro Proyecto Canalejas y que comparte planta baja y sótano con Bankia, pero omite que alberga la sede de la Consejería de Economía, ofreciendo incluso usos hotelero y residencial, equipamiento y ocio recreativo. Por él, la Administración madrileña ha llegado a pedir 10,7 millones de euros, pero actualmente tiene oculto el precio de venta.
Muy cerca del pelotazo Canale­jas, en la Carrera de San Jerónimo, se encuentran las oficinas del Área de Hacienda, con las que el sucesor de Esperanza Aguirre también quiere hacer caja: pide por ellas más de 14 millones de euros. Inclu­so ha puesto a subasta, irónicamente, el edificio sede de la Oficina de Información de Vivienda Pública, de 1.493 m2, en el barrio de Cara­banchel, por el que pide casi 4,9 millones de euros, y la sede de la Cámara de Cuentas de la Comu­nidad, por 7,9 millones de euros.
Barcelona tampoco se libra del afán inmobiliario. La Generalitat de Catalunya ha vendido la emblemática Casa Burés de Barcelona, un edificio modernista de 1905 catalogado como Bien de Interés Cultural, por 18,8 millones de euros a Trinder Promociones y el fondo británico Europa Capital Partners. Sin contar esta operación, desde el año 2012 la Generalitat ha vendido inmuebles por valor de 578 millones de euros, según La Vanguardia.

Andalucía vende su patrimonio

Uno de los casos más recientes y llamativos de venta de patrimonio público por administraciones regionales, debido a su volumen, es el protagonizado por la Junta de Andalucía de la socialista Susana Díaz, que ha vendido 70 edificios por 300 millones de euros al grupo estadounidense WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes. La operación es de sale & leaseback, es decir, que la administración andaluza vende sus oficinas y se quedará en ellas como inquilina durante 20 años pagando una renta anual de 23,6 millones.


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Los fondos buitre que acorralan Argentina también van a por ti

El fondo buitre NML Capital, que junto a otros tiene a Argentina al borde de la suspensión de pagos, ya está devorando carroña en el mercado español. Elliott Management, fondo oportunista del multiespeculador estadounidense Paul Singer, ya se ha hecho con mil millones de euros en créditos fallidos de Bankia y con 300 millones de euros del Santander. Se estima que por ambas carteras apenas ha pagado 50 millones, según Auraree.com.
En marzo de 2013, la prensa económica española informaba de que Elliott había adquirido al Grupo Santander una cartera de 300 millones de euros de créditos al consumo morosos de Santander Consumer Finance, con un descuento que ronda el 96%. El precio que pagó fue de risa: alrededor de 12 millones de euros, según Cinco Días.
Elliott había adquirido al Grupo Santander una cartera de 300 millones de euros de créditos al consumo morosos de Santander Consumer Finance
En agosto del mismo año 2013, Bankia, la entidad nacionalizada más beneficiada por el rescate a la banca española, lo que ha elevado considerablemente la deuda pública, informaba de que había vendido tres carteras de créditos fallidos por un volumen total de deuda de 1.353,9 millones de euros. En el hecho relevante comunicado a la CNMV, no informaba sobre a quién había vendido los préstamos, ni a qué precio. Pese a la evidente falta de transparencia, la prensa económica ha puesto nombres y números a la operación, de la que estima que “puede llevar un descuento del 95%”. Los compradores de las tres carteras fueron el buitre Cerberus –a quien asesora el hijo del expresidente del Gobierno, José María Aznar Jr.–, Elliott y la empresa de recobros no­ruega Lindorff. “La cartera estaba valorada en 1.354 millones, pero sólo apoquinaron 68”, publica Finan­zas.com. Nos hemos puesto en contacto con Bankia para confirmar estos extremos, y su respuesta ha sido que “por confidencialidad” nunca dan las cifras y “los compradores no quieren ser identificados”.
Pocos meses después, trascendía que Elliott compraba la firma de recuperación de deudas doméstica Gesif para convertirla en su base de operaciones en el mercado español. Su directora general era Melania Sebas­tián, exresponsable de Ges­tión de Información de Banca Co­mercial de Caja Madrid, quien seguiría en la usurera Gesif. Nótese cómo una exdirectiva de Caja Ma­drid hace de intermediaria entre la ya nacionalizada Bankia y el fondo buitre Elliott.

Qué ocurrió en Argentina

Los fondos buitre hacen dinero aprovechándose de países en dificultades, como Argentina durante la crisis de 2001, para comprar deuda a bajo precio. Luego esperan el momento oportuno para obligarles a devolverla a un precio más alto vía judicial incluyendo intereses de demora y costas judiciales.
Así especulan sobre deuda pública, comprometiendo los gastos sociales que benefician a la gran mayoría de la población. Estos buitres eligieron el litigio tras haberse negado al formar parte del 93% de acreedores que aceptaron el canje con el Gobierno. Y ahora el juez del distrito de Nueva York, Thomas Griesa, prioriza el pago a los fondos buitre, lo que abre la puerta a una avalancha de demandas que podría desembocar en la suspensión de pagos en Argentina el 30 de julio. Como bien dice Julio C. Gambina, “nadie sabe en rigor a cuánto puede llegar la demanda de acreedores de la impagable deuda”, pero sabemos que el coste para el pueblo argentino puede ser catastrófico.
Pero, ¿quién está detrás de estos fondos buitre? NML Capital es una filial del fondo de inversión Elliott Management Corporation registrado en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Es el imperio del millonario defensor del Partido Republicano estadounidense y cercano al ultraconservador Tea Party, Paul Singer.
El multiespeculador Paul Singer ya se ha hecho con mil millones de euros en créditos fallidos de Bankia
Elliott especula, entre otras cosas, con deudas públicas, violando cualquier soberanía de los Estados y sus pueblos. Pero especula también con deudas privadas y llegó en 2011 a poseer dos millones de dólares de la de Lehman Brothers.
Singer fue el mayor financiador de la campaña presidencial de George W. Bush en 2004; también aportó a la campaña de Mitt Romney en 2012 y a la del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Además, es el mayor financiador privado de la Policía de Nueva York. Así pues, como uno de los principales financiadores del Partido Republicano, juega un papel importante en la política estadounidense y, por lo tanto, también en la política internacional.
La fundación que lleva su nombre, The Paul E. Singer Foundation, lo elogia por su filantropía, su liderazgo en la expansión del libre comercio, su gestión a favor de la seguridad nacional de EE UU y para el “futuro de Israel”. Además, Sin­ger es el presidente del think tank conservador Manhattan Insti­tu­te for Policy Research.
NML llegó incluso a embargar la Fragata Liber­tad argentina en Ghana en octubre de 2012, exigiendo al Estado argentino alrededor de 370 millones de dólares por bonos impagados.
Respecto al caso argentino, NML es el principal financiador de la organización, American Task Force Argentina (AFTA), lobby que influye en el Congreso y la Justicia estadounidense perjudicando a Ar­gen­ti­na. Para hacernos una idea del poder de estos buitres, NML llegó incluso a embargar la Fragata Liber­tad argentina en Ghana en octubre de 2012, exigiendo al Estado argentino alrededor de 370 millones de dólares por bonos impagados.
Lo que esta pasando en Argen­tina es emblemático de lo que empieza a vivir Grecia, donde operan buitres como Dart Manage­ment, con sede en islas Caimán, que también actúa en el país latinoamericano. Ya en 1999, NML consiguió, por una sentencia de EE UU, el pago por parte de Perú de 58 millones de dólares por una deuda que el fondo había comprado por 11 millones. Hizo también negocio con la República Democrática del Congo.

Solidaridad internacional por la soberanía

La actuación de los buitres en Argentina ha despertado una ola de indignación por todo el mundo contra la especulación que juega con la soberanía y la vida de la gran mayoría de los pueblos endeudados. Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) se lanzó un comunicado de solidaridad con el pueblo argentino, manifestando que “Argentina debería desobedecer la sentencia del juez Griesa, (...) ya que, de acuerdo al derecho internacional, tiene la obligación de satisfacer las necesidades de su población antes que el pago de una deuda”. Como deja claro el comunicado, lo que está pasando no es sólo un problema argentino, sino, más bien, un conflicto donde está en juego la superioridad del poder de las finanzas por encima de la soberanía de los pueblos.



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